Repressão penal da contabilidade paralela para fins eleitorais

Abstract

Every two years, the first Sunday of October is the most important date in the democratic process, which consists of holding general or municipal elections for legislative and executive branch positions throughout the country. The day voters engage to the polls is the moment that candidates and political parties look forward to, after months of campaigning, with the hope of success in the electoral contest. However, competition is not always marked by fairness and transparency. In recent years, especially after successive outbreak of scandals in politics, of which the “Car Wash” operation was undoubtedly the greatest exponent, what common sense usually considers as evident has been gradually confirmed: the pernicious relationship between money and elections. In particular, irrigation of electoral campaigns carried out by candidates, on their path to power, by those interested in the affairs of the State. In this scenario, the receipt, maintenance and movement of funds not accounted for in the official campaign accounts (“slush fund”) is one of the routine illegalities that unfortunately directly affect the balance and fairness of the race, affecting candidates in sense of opportunities equality. After all, in a scenario where access to money means greater investment power, it is intuitive that chances of success will be affected for those who use more funds, even if illegally. However, despite being an electoral offense, using “slush funds” in campaigns are not, in and of themselves, a crime. The criminal response given today is indirect, through article 350 of the Electoral Code, punishing the omission of any revenues received outside official accounts in the presentation of electoral accounts. In this sense, the work presented aims to address this issue, based on the use of doctrine and case law studies. The first chapter addresses the principled basis of Brazilian electoral financing, with a distinction made between the model adopted in the country. The second chapter provides a diagnosis of the status quo, demonstrating how parallel accounting itself is handled in the context of Electoral Law and Criminal Law. The third chapter discusses the issue of electoral donations made by private individuals, especially in light of the crime of corruption, with an analysis of legislative proposals aimed at criminalizing electoral “slush funds” and the protected legal asset. The final assessment focuses on answering the following questions: is there a legal asset in need of protection? Is it necessary to criminalize electoral “slush funds”?

Cada dos años, el primer domingo de octubre se reserva la fecha más importante del proceso democrático, consistente en la celebración de elecciones generales o municipales para cargos en los Poderes Legislativo y Ejecutivo en todo el país. La participación electoral es el momento que los candidatos y los partidos políticos esperan, después de meses de campaña, con la esperanza de tener éxito en la disputa electoral. Sin embargo, la competencia no siempre se caracteriza por la equidad y la transparencia. En los últimos años, sobre todo tras el estallido de escándalos en la política, de los que la operación “Lava Jato” fue sin duda el máximo exponente, se ha ido confirmando poco a poco lo que el sentido común suele tratar como evidente: la perniciosa relación entre dinero y elecciones. En particular, la irrigación de las campañas electorales realizadas por candidatos, en camino hacia el poder, por parte de interesados en los asuntos del Estado. En este escenario, la recepción, mantenimiento y movimiento de recursos no contabilizados en las cuentas oficiales de campaña (“fondos no declarados”) es una de las ilegalidades rutinarias, que lamentablemente afectan directamente el equilibrio y la equidad de la disputa, afectando la igualdad de oportunidades entre los candidatos. Después de todo, en un escenario donde el acceso al dinero significa mayor poder de inversión, es intuitivo que habrá un impacto en las posibilidades de éxito de quienes inviertan mayores cantidades, incluso si es de manera ilegal. Sin embargo, a pesar de ser un ilícito electoral, los “fondos no declarados” de campaña no constituyen, en sí mismos, un delito. La respuesta penal que se da hoy es indirecta, a través del tipo previsto en el artículo 350 del Código Electoral, sancionando la omisión de cualquier ingreso percibido fuera de la contabilidad oficial en la rendición de cuentas electorales. El trabajo que aquí se presenta pretende abordar esta cuestión, utilizando la doctrina y la jurisprudencia. El primer capítulo aborda las bases fundamentales del financiamiento electoral brasileño, distinguiendo el modelo adoptado en el país. En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico del status quo, demostrando cómo la contabilidad paralela, en sí misma, se trabaja en el ámbito del Derecho Electoral y del Derecho Penal. En el tercer capítulo se problematiza la cuestión de las donaciones electorales realizadas por particulares, especialmente a la luz del tipo penal de la corrupción, con un análisis de propuestas legislativas encaminadas a criminalizar los “fondos no declarados” electorales y el bien jurídico protegido. El balance final pretende responder a las siguientes preguntas: Existe un bien jurídico que necesite protección? Es necesario criminalizar los “fondos no declarados” electorales?